La publicación el 4 de octubre de 2022 del 11° Índice ALD de Basilea, llamó la atención no solo por su clasificación de riesgos de lavado de dinero en 128 países, sino también por su mensaje claro: en un mundo que cambia rápidamente, el progreso para abordar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no avanza. suficientemente rapido. Los riesgos relacionados con la calidad de los marcos antilavado de dinero de los países, se compensa con mayores riesgos en otras cuatro áreas medidas por el Índice ALD de Basilea: Corrupción y Soborno, falta o nula Transparencia Financiera y Política, y otros riesgos legales. Sin perjuicio de lo expresado, los delitos ambientales como el comercio ilegal de vida silvestre, los delitos forestales, la minería ilegal y el tráfico de desechos están destruyendo nuestros recursos naturales y amenazando los medios de vida sostenibles. La decisión de incluir los datos de delitos ambientales atrae a expertos de todos los sectores y geografías.Sua revisión ayuda a garantizar que la metodología continúe siendo relevante y refleje la evolución actual en el panorama contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT). Según los datos, el puntaje global promedio para delitos ambientales es 3,62 sobre 10, donde 10 es el riesgo máximo. Esto suena bastante bajo, pero hay una gran variación entre jurisdicciones, desde la puntuación de riesgo más alta de 8,33 (República Democrática del Congo) hasta la más baja de 0,19 (San Marino e Islandia).
Pues entonces ¿Qué necesitamos?:
Primero, más y mejores datos. El Índice mundial de delincuencia organizada se basa en investigaciones de escritorio dirigidas por expertos de fuentes abiertas. Si bien la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GITOC ) ha hecho todo lo posible para reducir estos sesgos, tener más de una fuente de datos en la que confiar permitiría una mayor profundidad de investigación.
Segundo, más acción. El programa Corrupción Verde del Instituto de Basilea está experimentando un rápido crecimiento de la demanda de asistencia técnica para aplicar las herramientas existentes diseñadas para combatir la corrupción y otros delitos financieros para abordar los delitos ambientales. según los datos del Índice Global de Crimen Organizado. En Indonesia, se evalúa como de alto riesgo, con un 7,41 sobre 10. En América Latina, Bolivia y Perú obtienen un puntaje de 6,3 y 6,85 respectivamente. En África subsahariana, Malawi (4,07) y Uganda (6,17) también enfrentan desafíos importantes.
Conclusión: Los esfuerzos para abordar los delitos ambientales que amenazan el desarrollo sostenible de estos países deben ir de la mano con la mejora de la resiliencia frente al lavado de dinero.
(1): Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (“Foreign Corrupt Practices Act” o “FCPA”)
Por FCN
FUNTE: FCPA – Official Web Site.
